Sra. Ministra:
Desde esta Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª con el número 618584 e integrada por militares en diferentes situaciones de actividad, reserva, retiro y separados del servicio, nos dirigimos a Vd. para trasladarle nuestra satisfacción por la reciente resolución adoptada por el Consejo de Ministros del pasado día 12 del actual, retirando la Gran Cruz del Mérito Militar al general Augusto Pinochet, concedida en 1975 al dictador chileno, por considerar incompatible tan alta distinción militar con los delitos de lesa humanidad cometidos por dicho general en el golpe de estado que promovió en Chile en 1973, con las consecuencias por todos conocidas.
Ningún referente más apropiado que este para rogarle tome en consideración las razones del presente escrito.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Depositarias de los valores democráticos contenidos en nuestra Constitución, las Fuerzas Armadas Españolas (FAS) quedan obligadas a ser fieles cumplidoras del mandato de las leyes en asuntos que son de su competencia, siendo una ellas la Ley 20/2022 de la Memoria Democrática (LMD), la cual en su Artículo 40 sobre “Revisión de reconocimiento, honores y distinciones”, obligan a actuar a las administraciones públicas para
“… revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”.
Igualmente, el Artículo 42 sobre “Revisión y revocación de condecoraciones y recompensas” en su apartado 1 dice:
“… Las condecoraciones y recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, podrán revisarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, así como con los requisitos para su concesión”.
El Real Decreto 1040/2003 de 1 de agosto -vigente- por el que se aprueba el Reglamento de recompensas militares, deja nítidamente establecido el espíritu con el que debe ser interpretado la concesión y disfrute de las recompensas militares:
“… Las recompensas militares revisten gran trascendencia en los aspectos moral y orgánico de las Fuerzas Armadas, al constituir tanto un estímulo permanente para la superación en el cumplimiento del deber y del servicio –junto con los sacrificios, riesgos y dedicación inherentes a la vida militar– como un factor importante de selección para la organización militar, al destacar a los miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil en el ejercicio del mando y demás funciones militares que legalmente les corresponden por acreditar las condiciones morales, físicas e intelectuales que se requieren para su concesión”.
Las consecuencias que cabe extraer de las anteriores consideraciones es que las FAS conceden y han concedido siempre un gran valor moral y ejemplarizante a tales recompensas y distinciones, tanto desde la percepción de los profesionales de las armas, como de la sociedad española en general, y es desde estos puntos de vista por lo que los legisladores de la LMD no perdieron de vista la necesidad de introducir en su articulado medidas encaminadas a corregir la anomalía que supone que las FAS de un Estado de Derecho como es la España actual, mantenga vigente la concesión de las máximas distinciones y condecoraciones militares a uno de los principales protagonistas del golpe de estado y el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco Bahamonde, al tiempo que el Gobierno de España reconoce esta misma incoherencia en la concesión de la Gran Cruz al Mérito Militar al dictador austral, actuando en consecuencia al revocar dicha concesión.

PETICIÓN
En coherencia con estos antecedentes y consideraciones, esta AMMD solicita que el Departamento que Vd. dirige inste al Gobierno de España a iniciar y aprobar un procedimiento de REVOCACIÓN, con el carácter póstumo que previene la mencionada Ley, de la concesión al general Francisco Franco Bahamonde de TODAS LAS DISTINCIONES, HONORES, MENCIONES, RECOMPENSAS Y CONDECORACIONES que le fueron concedidas por las FAS y los Institutos Armados desde el 18 de julio de 1936 hasta la fecha de su fallecimiento, amparándose para formular esta petición en los Artículos 40 y 42 de la Ley de la Memoria Democrática 20/2022 actualmente vigente, considerando innecesario consignar en este escrito los deméritos atribuibles históricamente al general Franco, de los que el citado cuerpo legal ha dejado suficientes elementos probados.
Ruego tenga a bien dispensar al presente escrito acuse de recibo y quedamos a la espera de las medidas que considere oportuno adoptar.

Copias a:
– Sr. D. Fernando Martínez López, Secretario de Estado de Memoria Democrática
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Complejo de la Moncloa. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid
– Sr. D. Diego Blázquez Martín, Director General de Memoria Democrática
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Complejo de la Moncloa. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid

Sra. Ministra:
El pasado 20 de septiembre de 2022 me dirigí a Vd. como Presidente de la Asociación por la Memoria Militar Democrática con una carta, cuya copia corre adjunta, en la que expresábamos nuestra consideración de absolutamente incongruente la presencia en el Panteón de Marinos Ilustres de la Armada (en la Escuela de Suboficiales de San Fernando, Cádiz) de los restos de tres oficiales que fueron actores principales de la rebelión militar contra la legalidad vigente: los Almirantes Francisco y Salvador Moreno Fernández, artífices de la sublevación militar en la Base y Arsenal de Ferrol y del Almirante Juan Cervera Valderrama, Jefe del Estado Mayor de la Marina de las fuerzas rebeldes, durante la guerra española.
En respuesta a tal escrito, el Director de Su Gabinete respondió el 30 de septiembre (copia adjunta), que, dado que había una nueva Ley de Memoria Democrática (LMD) en tramitación, habría que esperar a su forma final para que el Ministerio actuara en consecuencia.
Pocos días después, el 19 de octubre, la nueva LMD entraba en vigor y se constituyó un Comité de Seguimiento en Defensa que debiera haber elaborado un primer inventario de actuaciones antes del 31 de enero de 2023.
Por lo que sabemos, los tres almirantes en cuestión continúan reposando en el Panteón de Marinos Ilustres y no hay forma de conocer, al parecer, cuales son las actuaciones que tiene pendientes el Ministerio de Defensa en aplicación de la LMD.
Permítame, Sra. Ministra, expresar nuestra preocupación por lo que parece una acción retardatoria por parte de algunos mandos de la Armada en la ejecución de la Ley. Como ya hemos reiterado, consideramos que dejar al criterio de los mandos en activo qué acciones concretas es preciso adoptar para eliminar los vestigios de la rebelión militar, la guerra y la dictadura no parece la mejor manera de garantizar el deseable efecto pedagógico que se espera de esta Ley.
Hemos sugerido que el Comité de Seguimiento incorpore a profesionales, académicos y expertos memorialistas para colaborar en las tareas de identificación de los elementos a eliminar. También, por carta del 7 de marzo de 2023, también adjunta, hemos solicitado un encuentro de esta Asociación con Vd. para presentarle en persona nuestras preocupaciones, de las que el caso de los almirantes franquistas en el Panteón de Marinos Ilustres no es más que un botón de muestra de las innumerables actuaciones que de seguro habrá que ejecutar.
En la confianza de recibir su atención, le saluda cordialmente,