[…] ¿es necesaria la existencia de una justicia militar? ¿Es conveniente? ¿Es necesario que los militares españoles estén (estemos, podría yo haber dicho hace sólo unos pocos años) sujetos a un fuero extraordinario? ¿Es conveniente? Máxime teniendo en cuenta que reputados juristas ya han dejado claro que en función de la unidad jurisdiccional establecida por la Constitución (art. 117.5), la existencia de una jurisdicción militar en España es una excepción admitida, no exigida.

Suelen argüirse dos tipos de argumentos en defensa de la necesidad de la existencia de una administración de justicia específicamente militar, una vez (casi) desaparecido el absurdo, heredado del autoritarismo del régimen dictatorial que precedió al actual de la Constitución de 1978, de que la misma pudiera contemplar delitos cometidos no sólo por militares sino por civiles en diferentes ámbitos y circunstancias. El primero es la especificidad de la profesión militar y de la misión y formas de actuar de las Fuerzas Armadas, fundamentadas en los principios de jerarquía, disciplina y acción coordinada y conjunta. La segunda es el protagonismo de las Fuerzas Armadas en las situaciones de guerra (de “sitio” para la Constitución española).

En función de la primera se alega que es necesario conocer la idiosincrasia del ámbito militar y de sus formas específicas de actuación para poder entender cómo inciden ciertas conductas en dicho ámbito y en dichas formas de actuación, por lo que es necesario que los juzgadores (fiscales y jueces) sean militares y al mismo tiempo juristas. Es decir, una de las razones de ser del Cuerpo Jurídico Militar. Pero ¿por qué esto es sólo aplicable a las Fuerzas Armadas? La necesidad de actuación disciplinada, obediente, según líneas jerárquicas descendentes, coordinada y bajo mando único, ¿no son también exigibles en las actuaciones policiales, de los bomberos, de los servicios de emergencias en general, en un quirófano, en una central nuclear, etcétera? Sin embargo, en todas ellas, la necesidad de conocimiento íntimo, de cómo inciden ciertas conductas en el adecuado desarrollo de las misiones encomendadas y en los resultados alcanzados, por parte de los jueces y demás funcionarios de la administración de la justicia ordinaria es resuelta en ésta mediante los correspondientes peritos. Peritos que, si los delitos hoy día considerados “militares” fueran alguna vez enjuiciados por la justicia ordinaria, serían precisamente ese Cuerpo Jurídico Militar profesionalmente preparado como jurista y como militar.
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En cuanto al segundo tipo de razonamientos en defensa de la necesidad y conveniencia del mantenimiento de una justicia militar específica, es decir, de un fuero especial para los componentes de las Fuerzas Armadas: el protagonismo de las Fuerzas Armadas en tiempo de guerra. Lo menos que puede decirse es que son unos razonamientos que se han quedado un poco anticuados en el sentido de que están basados en la concepción de unos tipos de guerra que ya no se dan, que ya no existen. En un mundo donde la tecnología permite que todo sea instantáneo, sin distancias ni aislamientos físicos, donde cualquier escrito puede estar en manos del receptor nada más ser confeccionado por el redactor, donde se puede mantener cualquier conversación directa en tiempo real, cómo no va a ser posible que jueces, fiscales, defensores, peritos y testigos interactúen, como mínimo, con la misma premura y garantías que se les exige en tiempo de paz.

En un mundo donde han desaparecido los frentes de batalla y en ellas se ven tan involucrados los civiles como los militares, no es que haya desaparecido el protagonismo de las Fuerzas Armadas en las guerras y conflictos, es que desgraciadamente los no militares han llegado a adquirir un protagonismo similar.
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https://www.nuevatribuna.es/opinion/memoria-militar-democratica/acabar-justiciamilitar-ejercitoespanol-militaresdemocratas/20190930183233166712.html

Enrique Vega Fernández es Coronel de Infantería en situación de retiro y firmante del Manifiesto en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas